La historia se repite, y las viejas cantinelas de esta España incapaz de leer la letra pequeña empiezan a resultar cansinas. No pasa una sola vez que el Rey, por hache o por be, sea noticia; sin que los de siempre empiecen a reclamar que España se convierta en una República. Y no deja de ser una demanda perfectamente legítima e incluso plausible dadas las fechas en las que vivimos, pero el hecho manifiesto de que la mayoría de los que lo reclaman no haya dedicado un minuto a pensar en las consecuencias, hace que me pregunte dónde nos hemos dejado aparcado el sentido común.
El hecho de que una monarquía en pleno siglo XXI es un anacronismo cuando menos ridículo, es algo que jamás intentaré cuestionar; pero demandar una república sin pararse a pensar en las características particulares de nuestra democracia y, sobre todo, nuestra idiosincrasia; es un ejercicio de irresponsabilidad que no estoy dispuesto a suscribir.
Uno de los argumentos más frecuentemente esgrimidos para abolir la Monarquía en España, es el coste que representa para las arcas del Estado. Y no deja de ser verdad que un gasto de varios millones de euros para una institución anacrónica con la que está cayendo no es algo sencillo de digerir; pero si de lo que hablamos es de dinero, a lo mejor deberíamos plantearnos lo que nos iba a costar una Presidencia de la República ejerciendo plenamente como tal, especialmente teniendo en cuenta la clase política que padecemos, cuyos miembros no saben ya hacer pipí sin contratar a cuatro o cinco asesores gastrosanitarios. Que también cabría la posibilidad de que los que piden la República basándose en este argumento no hayan caído en que, de abolir la monarquía, necesitaríamos sustituirla con algún tipo de Jefatura del Estado; pero supondría una muestra de carencia de criterio tan insultante, que prefiero ni tan siquiera considerarla.
Otros, por su parte, lo que consideran inaceptable es que la Jefatura del Estado no sea elegida en las urnas periódicamente. Y eso, en pleno siglo XXI, es algo imposible de rebatir. Ante todo soy un demócrata convencido, con lo que no seré yo quien jamás objete nada a este tipo de argumento. Sin embargo, me parece una vez más que los que lo esgrimen no le han dedicado excesivo tiempo a pensar en ello. ¿Alguien duda de cuál sería el resultado si celebrásemos un referéndum en España para elegir Monarquía o República? Incluso me atrevo a ir más allá. Si nos saltásemos el referéndum y directamente convocásemos elecciones a Presidente de la República ¿Quién podría evitar que Don Juan Carlos o bien Felipe de Borbón arrasasen en las urnas? De hecho, con lo que le cuesta al PSOE convencer a candidatos para que se presenten a la alcaldía de Madrid contra Gallardón ¿de dónde iban a sacar los partidos a primos dispuestos a enfrentarse a los Borbones? En definitiva, que elegir democráticamente al Jefe del Estado sería una opción muchísimo más acorde a mis ideales e incluso creencias; pero como junto a estas también tengo cierto sentido práctico, para que las cosas se queden más o menos como estaban, casi que me ahorro la pasta y el guirigay que supondrían estos comicios.
Así las cosas, solo hay un argumento que considero válido y suscribo para pedir el final de la Monarquía y la instauración de la República; que es el sano funcionamiento de nuestro sistema bicameral. Si hoy muchos españoles se preguntan para qué sirve el Senado, se debe a que sin la actuación efectiva de un Jefe de Estado arbitrando entre éste y el Congreso, pierde todo tipo de poder o influencia en la política. Vamos, que sirve para dar trabajo a traductores de gallego y euskera y poco más. Y si fue un acierto en su día, como única vía para evitar una guerra civil, establecer una Monarquía en la que el Rey no ejerciese como Jefe de Estado en la política nacional; hoy, tras tres décadas en las que Don Juan Carlos se ha dedicado a sancionar sin preguntar todo lo que le remitía el Congreso; la situación se vuelve insostenible. Que la primera y la última palabra en la política nacional la tenga la cámara elegida por criterio de población (el Congreso), sin que aquella en la que todos los territorios tienen el mismo peso (Senado) tenga nada que decir; está generando una auténtica amenaza para la cohesión social en la que se basa nuestro crecimiento, y está resultando en un sometimiento total de los diferentes gobiernos a los deseos y decisiones de ciertas minorías nacionalistas. Y no son pocos los que culpabilizan de esto a la ley electoral; pero lo que parecen ignorar es cuán antidemocrático resultaría negar a las comunidades más pobladas de España una representación de diputados proporcional a su número de habitantes. La compensación debe venir de la mano del Senado, donde Asturias pesa lo mismo que Cataluña, o Murcia lo mismo que Andalucía; pero si cada vez que hay desacuerdo entre las cámaras, en lugar de mediación por parte del Jefe de Estado, nos encontramos con que éste se inhibe y se adhiere a lo que diga el Gobierno; pues nos quedamos como estamos. Así pues, dada la poca probabilidad que tenemos hoy de que se produzca algún tipo de levantamiento armado por parte de nadie, parece no solo recomendable, sino necesario, que asumamos la necesidad de instaurar una República o algún tipo de sistema en el que el Jefe del Estado ejerza su poder político de manera efectiva.
Ahora bien; teniendo en cuenta todo lo anterior, caemos en la cuenta de que la pregunta no es si queremos Monarquía o República. Lo que debemos preguntarnos es: ¿Queremos dar poder político a los Borbones?
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